¿Qué son las demandas colectivas?
Las demandas colectivas hacen referencia a la posibilidad de emprender acciones legales mediante la presentación de una demanda conjunta basada en el mismo objeto, cuando existe una pluralidad de demandantes afectados.
Esta situación suele darse ante acciones llevadas a cabo de forma negligente o dolosa por empresas o entidades de gran alcance; ya que es más probable que sus actividades repercutan en un gran número de personas. Ejemplos de esto incluyen el caso del "Diéselgate" y el cártel de fabricantes de automóviles.
En respuesta a estas acciones fraudulentas, las demandas colectivas tienen como objetivo principal dar una mayor visibilidad al problema, ejerciendo una presión más efectiva. Además, los costos del proceso legal se distribuyen entre todos los demandantes, y, al buscar estos una solución conjunta, el veredicto se emite de manera genérica, ahorrando tiempo en procedimientos judiciales.
¿Cómo emprender medidas legales?
En primer lugar, para comenzar con los trámites, o unirte a una demanda colectiva, primero se ha de identificar al grupo afectado, aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios similares debido a una acción u omisión común por parte de una entidad o empresa. Este grupo de personas se convertirán en los demandantes colectivos.
Tras identificar a los damnificados, estos deben asesorarse sobre su situación, la viabilidad de iniciar actuaciones judiciales sobre la misma, y determinar los requisitos legales para llevar a cabo la concreta demanda.
Tras ello, el especialista es el encargado de redactar la demanda colectiva en nombre del grupo de demandantes. Esta reclamación ha de detallar los hechos, las circunstancias y los fundamentos legales de la acción colectiva, así como las peticiones específicas de los demandantes.
Este proyecto debe ser autorizado judicialmente. Para ello, el juez debe evaluar si la acción cumple con los requisitos legales y si representa adecuadamente los intereses del grupo afectado. La autorización se concede mediante una resolución judicial.
Una vez conseguida dicha autorización, se debe demostrar la responsabilidad de la parte demandada; para ello se han de recopilar pruebas, interrogar a los testigos y presentar argumentos a favor de la solicitud. Esta fase se asemejaría a un juicio propiamente dicho.
Si el tribunal halla suficientes indicios, este emitirá entonces un veredicto, detallando las medidas que considere adecuadas para resolver el conflicto, y la forma de proceder con la ejecución de las mismas.
¿Cuál es el papel del procurador en estos casos?
El proceso de demanda colectiva es complejo. Además, al ser un proceso que depende en gran parte de la publicidad que reciba —así como del número de solicitantes que se unan al procedimiento a medida que se formula la demanda—, su duración puede extenderse indefinidamente. Para mantenerse informado sobre el estado del proceso y las acciones a seguir, resulta fundamental contar con el asesoramiento adecuado de juristas especializados en este tipo de acciones legales.
Los procuradores tenemos un papel crucial en estos litigios: somos los encargados de representar legalmente a los demandantes colectivos ante los tribunales. Actuamos como intermediarios entre los demandantes y el sistema judicial, manteniendo la comunicación a posteriori, presentando escritos, solicitudes y recursos, así como coordinando las comparecencias y audiencias judiciales.
De la misma forma, somos responsables de presentar todos los documentos legales necesarios ante el tribunal. La correcta tramitación de la demanda colectiva, notificaciones, alegatos, pruebas y otros documentos relevantes está en nuestras manos.
Finalmente, los procuradores podemos gestionar los costos asociados al proceso legal, incluyendo las tasas judiciales y honorarios. Como avanzábamos anteriormente, en estas demandas colectivas los costos se distribuyen entre los demandantes, jugando el procurador un papel clave en esta distribución equitativa.
En conclusión, el procurador, trabajando en estrecha colaboración con el abogado, se asegura de que el caso se desarrolle de manera eficiente y se presenten los argumentos y pruebas necesarios para respaldar la demanda.
Sea cual sea su caso, desde Antonia Moñino Procuradores le acompañaremos durante todo el proceso, asegurándole la mejor resolución y facilitando todo tipo de trámites.
Puede contactar con nosotros directamente sin ningún tipo de compromiso en procuradora@antoniamm.com o si lo prefiere, llamando al 670 066 679.
