Delito contra la Sanción Administrativa

Cuando se obtiene un resultado positivo en una prueba de alcoholemia, sin que haya mayores complicaciones, es probable que debamos enfrentar una sanción administrativa o, en su defecto, un proceso legal por un delito, siendo esta última, más grave.

Para distinguir entre una consecuencia u otra, la ley define ciertos límites de alcoholemia que, si se sobrepasan, darían lugar a un delito. En términos generales, estos límites se sitúan:

  • en 0,5 gramos por litro en sangre.
  • 0,25 gramos por litro en aire espirado.

Esta tasa, sin embargo, se reducen a 0,3 gramos por litro en sangre o 0,15 miligramos por litro en aire espirad para conductores noveles o profesionales.

Cuando estos umbrales se exceden, deberemos enfrentarnos a un proceso legal por “delito por alcoholemia”. Este delito está definido en el artículo 379.2 del Código Penal y se entiende realizado cuando se comete el hecho típico de conducir con:

  • una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro.
  • con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Las consecuencias legales de este delito incluyen una pena de prisión que va de tres a seis meses, una multa que oscila entre seis y doce meses, o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante un período de treinta y uno a noventa días. Además, en todos los casos, implica la pérdida del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un período superior a uno y que puede extenderse hasta cuatro años.

Siempre que no existan daños materiales ni accidente, los procedimientos legales relacionados con la seguridad vial y la alcoholemia se tramitan por la vía de los juicios rápidos.

Los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal detallan los delitos y las condiciones que deben cumplirse para que un acto punible sea procesado mediante la vía rápida. En este sentido, se incluyen en esta categoría los delitos que acarrean penas privativas de libertad de hasta cinco años o sanciones que no exceden los diez años.

Se trata de un proceso penal especial iniciado mediante atestado policial, a través del cual los casos se resuelven de manera más ágil y con una mayor simplicidad.

Papel del Procurador

El juicio rápido consta de dos etapas: la primera, conocida como la “fase de instrucción”, y la segunda, que corresponde al juicio oral en sí. Antes de la fase de instrucción, es necesario llevar a cabo diligencias preliminares para notificar al denunciado, citar a los implicados y solicitar los análisis médicos y toxicológicos requeridos.

El papel del procurador en estos casos es el de proporcionar asesoramiento legal a su cliente, presentar los documentos necesarios en cada una de las fases, llevar las notificaciones y gestionar los plazos y requisitos legales.

Además, es relevante señalar que el juicio rápido por alcoholemia puede concluir durante la fase de instrucción si se llega a un acuerdo entre el acusado y la Fiscalía. En este caso, se emite lo que se conoce como “sentencia de conformidad”, que implica una reducción de la pena para el acusado al admitir los hechos y aceptar los cargos presentados en su contra.

No obstante, su importancia se hace evidente durante la fase del juicio, donde su principal tarea; la representativa, cobra mayor importancia. El procurador se configura como el representante legal del cliente ante el tribunal, cooperando con el abogado defensor para desarrollar estrategias legales y garantizar una defensa sólida.

Si te has visto involucrado en un caso de alcoholemia, es muy importante recibir asesoramiento jurídico de un profesional especializado en derecho de tráfico. En Antonia Moñino Procuradores disponemos de un equipo de procuradores especializados en el ámbito vial, conocedores de las distintas normativas y cambios en materia de circulación tráfico.

Puede obtener más información en el número 670 066 679 o escribiéndonos a través del correo: procuradora@antoniamm.com.